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La desigualdad en Chile: algunas explicaciones sobre el estallido social de octubre.

Actualizado: 16 de dic de 2019

por Eduardo Contreras

El año 2017, el PNUD publicó un libro que desnudaba con datos objetivos, el problema de la desigualdad en nuestro país. El título lo decía todo “Desiguales”. La mayor parte de los datos de este artículo provienen de ese texto.

El modelo de desarrollo chileno, en lo esencial heredado de la dictadura, ha sido conocido por sus altas tasas de crecimiento, que en realidad se dieron más bien en la última década del siglo pasado. Sin embargo, desde el año 2006, con más fuerza desde el 2011, y ya a nivel de estallido el 2019, el país ha estado sacudido por los movimientos sociales. El texto de PNUD mencionado, y otros datos que se presentarán, explican el auge de la protesta social desde la primera década de este siglo. En particular, desde los datos, emergen con mucha fuerza, cuatro temas candentes de estos últimos años: la educación, las pensiones, la salud y la desigualdad de acceso a cargos públicos y posiciones de poder. Otra gran explicación que aporta el libro, es la del descrédito de la política tradicional y en particular los bajos porcentajes de participación en votaciones.

Comienzo por referirme a estos temas que han estado gravitando en nuestra realidad y que han desembocado en la actual crisis.

Educación:

Según una encuesta del INJUV, del total de los jóvenes que tienen alguna deuda o crédito, el 43% corresponde a un crédito universitario. ¿Por qué? La cifra que les voy a dar seguramente no sorprenderá a las familias chilenas, pero sí a los extranjeros que puedan leer este texto: los estudiantes o sus familias deben pagar en promedio en torno a 700 dólares mensuales por estudiar en una buena universidad en Chile, ¿y en una no muy buena? Entre 400 y 500 dólares al mes.

Dentro de los datos que aporta el libro del PNUD: Entre un 7% y un 8% de los trabajadores con Educación Universitaria completa, tienen salarios bajos, definidos en el libro como “Insuficientes para cubrir las necesidades de un hogar promedio”. Esto me hace reflexionar sobre un tema que se fue minimizando en el tiempo: la calidad de la educación, ¿qué está pasando con esas carreras y Universidades que generan esos bajos resultados de sus egresados?, ¿adquirieron esos profesionales las herramientas que se les prometían? La consigna de los estudiantes el 2011 era “Educación Pública, gratuita y de calidad”, con el correr del tiempo, dentro de esas 3 demandas: Pública-Gratuita-de Calidad, nos fuimos concentrando (en el segundo gobierno de Michel Bachelet), en el tema de la gratuidad, y desatendiendo el tema del carácter público, y sobre todo el de la calidad.

Pensiones:

El porcentaje de pensionados con pensiones bajo el mínimo (definido en el libro como el 70% del salario mínimo que ya es bastante bajo) sube desde el año 1990 al 2015, sin considerar el pilar de aporte solidario del estado, sube de 37% a 73%. Los números hablan por sí solos. Aquí uno se explica el movimiento No + AFP. Este movimiento se comienza a gestar el 2013 cuando un informe de la Superintendencia de Pensiones reveló que, a 30 años del inicio del sistema, el promedio nacional de las jubilaciones era de $ 179 mil, es decir aproximadamente un tercio del ingreso promedio de la fuerza de trabajo activa.

Descrédito de la Política:

Existen altas expectativas en el país respecto a la meritocracia. En una encuesta un 84% de los encuestados estuvo de acuerdo con la expresión “Las personas que trabajan duro merecen ganar más que las que no lo hacen”, y un 93% está de acuerdo con la frase “la mejor forma de progresar en la vida, es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro”. Cualquiera de los candidatos de la última elección presidencial quisiera tener esos porcentajes para sus candidaturas, pero…¿cumplen esos candidatos con esas definiciones? Que son bien remunerados en sus cargos es un hecho, sobre todo los parlamentarios, pero ¿trabajan duro? Un dato: según la web de la cámara de diputados el ausentismo desde marzo de 2014 a fines del 2017 fue del 5,17%, en ese periodo el ausentismo en Chile fue aproximadamente 2,6%, es decir, el de la Cámara es el doble que en el del país. Sumado a lo anterior, los honorables no tienen los problemas antes mencionados, relativos a educación y pensiones, y forman parte de la mitad superior del 1% más rico del país. Sumemos a eso los casos de financiamiento irregular e ilegal de la política en que se han visto envueltos varios de ellos. Y por último, como resultado de su gestión ¿cuál es la calidad de las Leyes que promulgan?


Las dimensiones de la desigualdad:

Un gran aporte del libro del PNUD es la medición de los ingresos devengados, esto es: agregar a los ingresos percibidos, las utilidades reinvertidas en las empresas, en la proporción que corresponde a cada uno de los socios.

Con esta forma de cálculo, se tiene que el 1% más rico del país percibe un 33% del ingreso devengado. El 5% más rico llega a un 51,5% de los ingresos.

Sin entrar a desagregar toda la lista, en el 1% más rico tenemos desde luego, como era esperable, a los socios de las mayores empresas, los Gerentes Generales de dichas empresas, y resto de los Gerentes y Directivos de esas empresas grandes, así como profesionales independientes. Pero también está parte del equipo del poder ejecutivo: Presidentes, Ministros, profesionales del Banco Central, jueces de la Corte Suprema, jueces y fiscales de la Corte de Apelaciones, 51 funcionarios del Senado y la Cámara, y la totalidad de los parlamentarios (tanto Senadores como Diputados), entre otros actores que se detallan en la publicación del PNUD.

El argumento de los altos ingresos de los parlamentarios históricamente ha sido el de bajar o eliminar incentivos a la corrupción. Estos incentivos parecen no estar funcionando en el caso de algunos de ellos. Al menos 15 parlamentarios se han visto envueltos en procesos judiciales, incluyendo formalizaciones, querellas e investigaciones por delitos de cohecho. Con representantes transversales de los principales partidos de derecha, centro e izquierda que han tenido representación parlamentaria, con excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio.


Desigualdad en el acceso a cargos y posiciones bien remuneradas:

Otra pregunta ante las expectativas de meritocracia de nuestra población. ¿Tienen todos en el país las mismas posibilidades de alcanzar esas posiciones más altas? Al respecto, el PNUD desarrolla una investigación cuyo resultado me parece impactante: Dentro de las carreras más rentables (parte del 1% más rico), el 84% de los apellidos se asocia a la aristocracia castellano-vasca u a otras nacionalidades europeas. Dentro de los 50 apellidos en los que no hay un solo profesional en esas carreras todos son de origen mapuche. Las raíces históricas de la desigualdad y las diferencias de clases, pesan y nos marcan hasta nuestros días.

Otro tema relevante analizado, son las redes de contactos y lo que en el libro se denomina “marcas de nacimiento”: marca mucho el establecimiento de enseñanza media en que se estudia, hacerlo en uno privado de élite da un mayor acceso a carreras y Universidades de élite. El establecimiento de Enseñanza Media incide incluso más que la Universidad y la carrera en el acceso a cargos directivos en empresas. ¿Dónde queda entonces la meritocracia? Un profesional que viene de un colegio privado de élite tiene una probabilidad 6 veces mayor de acceder a uno de esos cargos que un profesional que estudió en el Instituto Nacional (prestigiado como el mejor centro de formación público del país), y 10 veces mayor que alguien que venga de cualquier otro colegio.


Grupos Económicos:

El ex Presidente Ricardo Lagos, en su libro “La concentración del poder económico en Chile” (1965) identifica 15 grupos que controlaban la mayor parte de las S.A. de esa época.

Los grupos actuales están marcados por los cambios implementados por la dictadura, en particular por las privatizaciones de empresas del estado. Dentro de los 20 grupos actuales, 7 provienen de esas privatizaciones, cuestionadas por la participación de ejecutivos de esas mismas empresas cuando era estatales, y por las condiciones ventajosas en que se hicieron de la propiedad de esas empresas. Algunas de estas (por ejemplo Soquimich, cuyo socio controlador es el ex yerno del dictador) se han visto envueltas es escándalos por financiamiento irregular o ilegal de la política.

En el tema tributario, a propósito del debate en torno a la Reforma del año 2014 (y más adelante me voy a referir a las principales reformas del segundo Gobierno de Bachelet): el país muestra un fuerte crecimiento de las grandes empresas y grupos económicos durante las décadas pre-reforma, con tasas de impuesto a las utilidades de las empresas entre 17% y 20% y tasas de impuesto a la renta entre 35% y 40% en el tramo más alto. ¿Resultado? Se recaudaba en el margen 20 por cada 100 en lugar de 40 por cada 100 debido al FUT (sistema mediante el cual se permitía a los dueños de las empresas, tributar sobre la base de las utilidades retiradas y no sobre las utilidades obtenidas pero no retiradas). Las utilidades se dejaban dentro de la empresa incrementando el patrimonio. La estructura tributaria favoreció el fuerte crecimiento de los grupos económicos en su acumulación de capital en el periodo.

Otro factor relacionado con las altas rentas y el crecimiento: la posición oligopólica en varios mercados, y los actos de colusión entre otros: Isapres, Banca, Supermercados, AFPs, Farmacias, Medios de comunicación. En alguno de los casos mencionados, no en todos, ha habido procesos judiciales y sanciones.


Desigualdades e influencia política.

La concepción de democracia “una persona un voto” ¿Qué tan afectada se ve por la desigualdad? En teoría todos pesamos lo mismo en la sociedad democrática. Igualdad de derechos políticos, en particular a elegir y ser elegidos. ¿Se cumple? Caso de que no ¿se podría cumplir?

Surge el tema largamente debatido- y reformado por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet– del sistema electoral binominal, y sus consecuencias en cuanto a la generación de sectores políticos sobrerrepresentados y sectores minoritarios con capacidad de veto y exclusión a otros.

Se concluye que con dos décadas de sistema binominal, más los altos quórums exigidos para algunas reformas en la Constitución del 80, más el Tribunal Constitucional, han implicado finalmente que unos votos pesan más que otros. Hay variados ejemplos de leyes con apoyo mayoritario en las encuestas, que se postergan por años, entre ellas varias de las que a mi juicio, buscaban sacarnos del medioevo, como el divorcio, el aborto, o el mismo cambio al sistema binominal

Respecto al binominal: como le dijo una vez un alumno de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a Andrés Chadwick, en aquella época Senador por la UDI e invitado a un foro de nuestra Universidad: “¿Por qué se mantiene un sistema en el que si un equipo gana 3 a 2 se declara el empate?” (el binominal obligaba a ganar 4 a 2, al exigir doblaje). Y yo agregaría que con ese empate la Copa se mantenía siempre en poder del que iba perdiendo.

Otro problema: el financiamiento de la política, que fue un tema que estalló durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, y que se abordó a través de la Comisión Engel y sus propuestas, la mayoría de ellas implementadas.

Un dato al respecto: en la elección del Senado del 2013, casi el 60% de los aportes a las campañas fueron aportes reservados y anónimos. Esto afortunadamente cambió con la Reforma del año 2016 del Gobierno saliente (nueva Ley de Partidos y financiamiento de campañas). Hasta ese momento ¿En qué medida esos financiamientos incidieron en la agenda pública? ¿En los resultados de las elecciones parlamentarias y de alcaldes?, ¿En sus decisiones? Un caso conocido es la de Ley de Pesca, ¿cuántos más podría haber?

¿En qué medida esos financiamientos pueden haber incidido en la posibilidad de acceder directamente a las dirigencias de los partidos políticos?

¿Cuántos ciudadanos comunes podrían llegar a tener niveles de incidencias similares a esos?

Otro dato: y este ya no es de Chile sino de América Latina, y lo aporta un colega Uruguay, el profesor Miguel Serna de la Universidad de La República: además de la ola de empresarios que han llegado a ser presidentes en los últimos años: PPK en Perú, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli en Panamá, Vicente Fox en México, Piñera en Chile, Macri en Argentina etc, ….además de eso, el profesor Serna y su equipo de investigación determinó que en ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, El Salvador y Uruguay), un 23% de los diputados eran (o había sido antes de postular al parlamento) directivos empresariales, en circunstancias que el peso de ese grupo en la población total es del 3,4%, es decir, una sobrerrepresentación.

Otro tema de influencias asimétricas, y aquí vuelvo al caso de Chile: las llamadas “puertas giratorias” entre el sector público y el privado. En el período desde Lagos a Piñera I (ambos inclusive), casi un 70% de los Ministros ocupó luego un cargo en el sector privado y más de un 22% lo hizo en el mismo sector en el que había ejercido como autoridad pública (esto último es lo que se ha llamado puerta giratoria), en el caso de las Superintendencias ese porcentaje llega al 50%

Un tema que a mi juicio amerita estudios aparte, es la concentración de los medios de comunicación, en particular la prensa escrita y la TV abierta. Si bien esta se puede ver parcialmente compensada con el surgimiento de medios digitales.

En otra investigación del PNUD, del año 2004, 64,9% por ciento de los 231 líderes latinoamericanos consultados por este organismo, percibieron los medios de comunicación social como agentes que ostentan un poder y posición de relevancia. La cifra anterior es el porcentaje de menciones ante la pregunta ¿Quiénes ejercen poder en América Latina?

En resumen, vivimos una situación de fuerte desigualdad social, económica, política y de acceso a los medios de comunicación. Bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, se avanzó algo (no mucho debido a la fuerte oposición de la derecha y parte de la D.C.) en las tres primeras dimensiones, no así en la última.

También hay evidencia de la fuerte desigualdad de nuestros compatriotas en su acceso a al poder político, según su género, nivel de ingresos e identidad con pueblos originarios.

Todo lo anterior, explica a mi juicio, en buena medida, este fenómeno a primera vista contradictorio de auge de movimientos sociales en nuestro país, y a la vez apatía electoral, en particular de los jóvenes. En una situación de desigualdad multidimensional como la descrita, los canales de participación de la población se restringen a las manifestaciones y protestas. Esto comenzó a cambiar con la modificación al sistema binominal que impulsó el gobierno de la Nueva Mayoría, que permitió que parte de ese descontento que antes se manifestaba exclusivamente en las calles, llegara al parlamento, es el caso de Frente Amplio (de Chile), que post modificación al binominal, pasa de 0 a 20 diputados. Habrá que ver si parte de la masiva protesta de este año 2019, se canaliza luego políticamente en las organizaciones existentes, o en nuevos referentes que surjan como resultado de este movimiento.

Los avances del Gobierno de Michel Bachelet y la Nueva Mayoría.

Para ser justos. Los Gobiernos de la Concertación, tomaron medidas a favor de una mejor distribución del ingreso, sin entrar en el detalle de esas medidas, gracias a ellas los niveles de desigualdad disminuyeron respecto a los heredados de la dictadura. No obstante, los resultados que lograron, terminan siendo esas malas cifras que he presentado en los puntos anteriores.

El primer Gobierno que abordó un conjunto amplio de reformas, que además son de un carácter más profundo y estructural que las reformas previas, es el de la Nueva Mayoría. Un conjunto de cambios que de forma más decidida buscaron iniciar en Chile un camino hacia algo más parecido a un Estado de Bienestar en contraposición al neoliberalismo. Un enfoque más en la perspectiva de derechos que en la del buen funcionamiento de los mercados. Es decir, un camino más decididamente socialdemócrata. Todo esto, más allá del buen o mal diseño y la deficiente implementación de esos cambios (que es tema que puede dar para otro artículo).

En una apretada síntesis: en 4 años, entre Leyes, modificaciones de roles y funciones de entidades públicas, creación de nuevas instituciones públicas y proyectos públicos de inversión, el Gobierno de la Nueva Mayoría implementó más de 45 avances para enfrentar las desigualdades antes descritas, entre ellos destaco algunos de los hitos más importantes:

1. Se sustituye sistema electoral binominal por uno proporcional. Disminuye la sobrevaloración de las segundas mayorías y abre la participación a partidos pequeños y a los independientes de los grandes pactos.

2. Se aprueba Ley del Acuerdo de Unión Civil entre personas homosexuales

3. Promulga Voto de chilenos en el extranjero (Ley 20748)

4. Crea el Ministerio de la Mujer y la equidad de género

5. Reforma Tributaria (Ley 20780): Fundamental, ya que es la que permite financiar la gratuidad de la educación y las mejoras en las pensiones. La meta era incrementar la recaudación +- 3% del PIB

6. Reforma Educacional que pone fin al lucro, selección y copago en la enseñanza básica y media.

7. Crea Universidades Estatales en dos regiones.

8. Gratuidad en la Educación Superior para las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la población.

9. Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (Ley 20.900) (Contra la corrupción)

10. Ley que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización

11 Ley 20 945. Enfrenta las prácticas de colusión y abusos.

12. Reforma Laboral que amplía la cobertura de la negociación colectiva, y ampliación las materias para negociar colectivamente, es decir, empareja un poco la cancha entre trabajadores y empresarios.

13. Se legisla el derecho al aborto en tres causales en un país que era una de las 6 naciones el mundo en que esta práctica era ilegal en todos los casos. Otra fuente de desigualdad, ya que se sabía que la práctica ilegal del aborto era extendida en sectores de más altos ingresos, ya fuera por las tres causales o por cualquier otra.

14. Aumento de la cotización para pensiones en un 5% , de esa alza de 5%, un 3% irá directamente a una cuenta personal de cada trabajador (manteniendo el sistema de las AFP) mientras que el restante 2% irá a un Seguro de Ahorro Colectivo, recursos que serían administrados con un fuerte carácter redistributivo, apoyando a los que logran menos ahorro y pensiones más bajas.

El Gobierno de Sebastián Piñera y Chile vamos. Balance de los dos primeros años:

El Gobierno, desde su primer día de gestión, anunció una nueva reforma tributaria. Se anunció inicialmente rebaja de impuestos a empresas de 27% a 25%. Lo que podríamos llamar la contra reforma tributaria de Piñera, buscaba beneficiar a las empresas más grandes mediante la reintegración, con un costo fiscal importante de 1 punto del PIB que sería un beneficio para el 0,1% más rico de la población. Al calor de las protestas en curso, las autoridades se han visto forzadas a analizar la posibilidad de no insistir en este proyecto.

Bajo este gobierno el Tribunal Constitucional (un cuarto poder no sujeto a elección popular) impugnó facultades sancionatorias del SERNAC. Esto limitó a dicha institución, que es una de las que puede llegar a ejercer contrapoder frente a actos monopólicos y oligopólicos de empresas.

A inicios de este gobierno, se publicó una flexibilización del protocolo de objeción de conciencia al aborto en tres causales, estableciendo que instituciones privadas que objeten, pueden seguir recibiendo fondos del estado. Afortunadamente, este protocolo, que en la práctica hacía inviable el aborto en tres causales en varias instituciones públicas y privadas fue objetado por la Contraloría General de la República.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional artículo de la nueva Ley de Educación Superior (de fines del segundo gobierno de Michel Bachelet) que prohíbe el lucro en las instituciones controladoras de las Universidades Privadas. Los rectores de las Universidades del Estado exhortaron a las autoridades a "reponer este artículo (63 de la Ley de Educación Superior) ante el Congreso Nacional", el cual prohíbe la presencia de controladores con fines de lucro en instituciones de educación superior.

El ministro de Educación, Gerardo Varela (destituido después por sus desafortunadas declaraciones sobre bingos para financiar la educación pública, y sobre los condones de sus hijos), retiró el proyecto de ley que remplazaba el Crédito con Aval del Estado por un Crédito Estatal. El objetivo es reemplazar la iniciativa ingresada en los últimos días de la administración de Michelle Bachelet.

Como se puede ver, a poco andar varias medidas de este gobierno, fueron en sentido contrario de las reformas. Dos de estas contra reformas, de la mano del Tribunal Constitucional, un organismo al que un destacado abogado, un académico la Universidad de Chile, ha llamado ese “poder insoportable”, que ha cumplido la función de aumentar el poder de la derecha, para lograr que lo que ella perdía en las dos primeras cámaras lo ganara por secretaria en la tercera. A veces esto se ha hecho muy explícito, como cuando el diputado de derecha Jaime Bellolio se encogió de hombros después de perder una votación en la primera cámara, porque sabía que su bancada era dominante en la tercera: “no importa-dijo-. Vamos al Tribunal Constitucional. Allá estamos 6/4 “

Por último, una reflexión, ¿Por qué en el caso chileno el electorado respaldó a la derecha y su freno a las reformas?

Múltiples hipótesis. Ya hablábamos de la desafección del electorado con el proceso democrático, y dimos algunas cifras que ayudan a explicar ese fenómeno. El solo término del sistema binominal, no logra un mayor grado de involucramiento de la ciudadanía: en la segunda vuelta de la última elección presidencial la abstención fue del 51%.

Más hipótesis: la contracción económica. Si bien las cifras de crecimiento de Chile, más reducidas en los últimos años, responden principalmente a factores externos (precio del cobre en nuestro caso) en parte de la ciudadanía puede haber calado el discurso de la derecha de que las reformas estaban frenando el crecimiento. Este fenómeno es común a varios gobiernos progresistas de la región, y plantea un desafío para la izquierda.

En época de elecciones, suelo hacer mini encuestas (informales) entre los taxistas, casi todos votaban por Piñera. “El hombre va a traer platita”- me decían – “¿no ve que es empresario?”

Otra posible explicación: Desprolijidad en la implementación de algunas de las reformas, que fue dejando “heridos” dentro de sectores afines a la NM, lo que tiene que ver en parte con lo corto del periodo presidencial: 4 años. La NM se propuso un abanico amplio de Reformas que debía intentar sacar adelante en muy poco tiempo.

También hay que considerar la desconexión de buena parte de los partidos de izquierda con sus bases, lo que debilita la difusión de las ideas y la educación política.

Por último, temas pendientes, avances no logrados, que generan una desafección a la NM desde la izquierda, posiblemente capitalizada por el naciente Frente Amplio, que se nutre de la insatisfacción por los moderados o nulos avances en algunos ámbitos, los que también probablemente tengan que ver el corto periodo presidencial. A modo de ejemplo: parte del programa de la NM incluía un proceso constituyente. Lo que se logró hacer fue el inicio del proceso, esta primera parte fue abierta a la ciudadanía, los ciudadanos participaron e incidieron en la discusión constitucional por medio de los diferentes espacios de participación: cabildos locales, provinciales y regionales. Participaron activamente más de 200.000 personas.

Que lo anterior fue un tema pendiente, queda en evidencia hoy, cuando en medio de las movilizaciones más grandes desde el fin de la dictadura, la ciudadanía, de forma auto convocada, ha comenzado a realizar cabildos territoriales o por sectores, y cuando la demanda por cambio a la Constitución se extiende.

A la fecha, mantenemos, con algunas modificaciones, la Constitución ilegítima de Pinochet, del año 1980. Los insumos del proceso constituyente iniciado el 2016, muestran claros deseos de cambio de quienes participaron en el proceso. Estos insumos no debiesen caer en el vacío, parece justo y razonable rescatarlos para el actual proceso que se inicia al calor de las protestas. Por ejemplo, considerar que los seis valores y principios priorizados en todas las etapas, es decir, en la Consulta Individual, los Encuentros Locales, los Cabildos Provinciales y los Cabildos Regionales fueron los siguientes: Democracia, Igualdad, Descentralización, Justicia, Respeto/conservación de la naturaleza o el medio ambiente y Bien común/comunidad. ¿Suena a lo que gente pide hoy en las calles o no?

Los cinco derechos priorizados en todas las etapas, fueron el derecho “a la salud”, “a la educación”, “a la vivienda digna”, “Igualdad ante la ley” y “Respeto a la naturaleza/medio ambiente”. Otros mencionados, fueron el derecho “al salario equitativo” y la “Libertad de expresión”. También todo esto se ha visto en los carteles de los manifestantes este año.

Los seis deberes y responsabilidades priorizados en todas las etapas, fueron los deberes de “Protección de conservación de la naturaleza”, de “Protección y conservación de patrimonio histórico y cultural”, “Respeto de derechos de otros”, “Cumplimiento de las leyes y normas”, “Protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales”, y “Ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos”.

Las cinco instituciones priorizadas en todas las etapas, fueron “Plebiscitos, referendos y consultas”, “Congreso o Parlamento (estructura y funciones)”, “Defensor del Pueblo/Ciudadano”, “Poder Judicial (estructura y funciones)” y “Gobierno Regional”. “Presidencia de la República”.

Respecto al parlamento específicamente se propone que debe haber un Congreso o Parlamento representativo, que mayoritariamente es preferido unicameral, y, en menor medida, bicameral. Hay una pretensión de que haya límite a la reelección y una atribución de revocatoriedad, así como límites para los sueldos y dietas.

Otros de los temas debatidos en aquel proceso y que quedaron pendientes, nada menos que: rol del estado, empresas del estado, rol de las fuerzas armadas.

Como ven, tenemos muchas tareas pendientes. El escenario actual, es el más propicio en muchos años para sacarlas adelante.

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